Falsos testigos

Esta es una campaña lanzada por el abogado estadounidense Terry Collingsworth contra la empresa Drummond para obtener millones de dólares en beneficios basados en acusaciones falsas que Drummond y algunos de sus directivos financiaron grupos paramilitares en el Cesar.

Esta historia fue demostrada, con pruebas, ante jurados y jueces de Estados Unidos que desestimaron todos las pretensiones elevadas en contra de Drummond y dictaminaron que ni Drummond, ni sus directivos, eran responsables de las alegaciones presentadas por Collingsworth. Se demostró que sus demandas carecían de fundamento y pruebas que los relacionara con las reclamaciones. Pruebas de esto están en esta sección de este sitio.

En manos de la justicia nacional y en tribunales internacionales hay incontables documentos, que incluyen comprobantes de consignaciones, confirmaciones de transferencias y correos electrónicos, que reflejan pagos significativos realizados por el abogado Collingsworth y su equipo, en el que también hay abogados colombianos, como Iván Otero, a ex-paramilitares que han testificado en contra de Drummond, aun cuando ello contradice sus versiones originales dentro de los procesos.

Cartel de testigos falsos

Se ha demostrado que Collingsworth y su equipo jurídico pagaron cerca de 40 mil dólares a la familia de Jairo de Jesús Charris (ex-paramilitar condenado a 30 años de prisión por homicidio), quien declaró en contra de los ejecutivos de la compañía.

Charris ha sido representado por el abogado colombiano Otero, que hace parte del entramado de Collingsworth para contratar y pagar a testigos que, como consecuencia de ello, han rendido falso testimonio contra Drummond y sus directivos.

Dicho abogado colombiano había representado previamente a algunos de los ex-paramilitares que después testificarían en contra de Drummond, y celebró un acuerdo con Collingsworth en el mes de enero de 2009 mediante el cual se le prometió una participación del 25% de los honorarios legales que resultaran de los nuevos casos litigados contra Drummond y sus directivos.

Igual que ocurrió con Charris, Jaime Blanco Maya, excontratista de alimentos de Drummond, había rendido declaraciones a la Fiscalía, afirmando que ni Drummond ni sus ejecutivos habían tenido relación alguna con grupos paramilitares.

Sin embargo, se ha podido demostrar que Blanco recibió pagos por más de 110.000 dólares, tras ser condenado por el homicidio de líderes sindicales, luego de lo cual modificó su declaración para involucrar a Drummond y sus ejecutivos en supuestas alianzas con grupos paramilitares.

De hecho, Blanco se negó a firmar una declaración cambiando su historia mientras no hubiera recibido el dinero, como está comprobado en correos electrónicos, que se pueden leer aquí.

Estas y otras pruebas han sido entregadas a varios fiscales, a la JEP y a la Procuraduría General de la Nación, para demostrar la falsedad de las afirmaciones realizadas en contra de Drummond y de sus directivos.

Los procesos en Estados Unidos

En 2015 la Corte para el Distrito Norte de Alabama de los Estados Unidos aplicó la excepción crimen-fraude a favor de Drummond Company, para levantar la reserva, entre otros, de comunicaciones entre el abogado norteamericano, su equipo y los testigos.

Dentro del trámite de una demanda que Drummond presentó en 2011 por difamación en contra de Terrence Collingsworth y su firma de abogados, Conrad & Scherer, la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama emitió la siguiente opinión:

"La corte no tiene duda en encontrar que existe (por lo menos) causa probable para creer que [el abogado Terrence Collingsworth], mientras que llevaba a cabo demandas en nombre de su firma, se involucró en el soborno de testigos y presentó falsos testimonios".

Corte de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama

Así mismo, la Corte concluyó que existía causa probable para creer que Collingsworth había cometido fraude, al esconder pagos a testigos en contra de Drummond:

"Es difícil imaginar un grupo de hechos que pudieran más claramente establecer el primer punto del caso prima facie por romper el privilegio. Collingsworth en repetidas ocasiones realizó falsas representaciones en escritos, declaraciones, correspondencia y en plena corte".

Corte de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló a favor de Drummond Company y declinó la solicitud de los demandantes de Balcero v. Drummond de revisar el caso. Reafirmando la sentencia dada por el Décimo Primer Circuito de la Corte de Apelaciones, confirmó la desestimación del caso por parte de la Corte el 25 de julio de 2013, con fundamento en que los demandantes se basaron en rumores inadmisibles para apoyar sus reclamos y que estos no son viables.

La demanda del caso Balcero fue presentada en mayo del 2009 y se basó en afirmaciones según las cuales Drummond Ltd. y dos de sus ejecutivos habían estado supuestamente involucrados en violaciones de derechos humanos en Colombia. La sentencia original de la Corte declaró que el registro "demostraba una ausencia de evidencia que soportara el caso del Demandante".

Jaime Blanco Maya

Tras ser condenado a 38 años de prisión por el homicidio de líderes sindicales, la nueva teoría de Blanco es que Drummond habría incrementado los pagos a su antiguo proveedor para contar con recursos adicionales que serían canalizados por intermedio suyo a grupos al margen de la ley.

Esta teoría contrasta con lo que había declarado antes de los pagos que recibió de Collingsworth. Además, un informe técnico elaborado por Kroll evidenció que el contrato de Drummond con ISA no tiene sobrecostos, ni sobreprecios.

Esta es la teoría que Blanco Maya llevó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que lo admitió en 2019 y posteriormente lo dejó en libertad. Una hipótesis razonable es que las declaraciones de los paramilitares podrían tener origen no sólo en los pagos recibidos, sino también en la búsqueda de reducciones de penas en otras jurisdicciones, como en efecto sucedió.

Reporte PAX

Está demostrado que Collingsworth colaboró con el suministro de información y documentos a la ONG PAX que fueron utilizados por esta como fuente principal para la elaboración del reporte "El Lado Oscuro del Carbón".

A su vez, Drummond le informó a PAX sobre la falsedad de los argumentos y le presentó cientos de documentos probatorios que desmentían a los testigos en los que se basa el informe, lo cual no surtió ningún efecto.

Otro de los actores relevantes en esta historia es Llanos Oil Exploration, Ltd., una empresa colombiana de exploración de petróleo dirigida por los hermanos van Bilderbeek de los Países Bajos, que firmó un contrato petrolero con Ecopetrol S.A. en 2002, el cual fue terminado en 2003 debido al incumplimiento de Llanos Oil.

Hendrik van Bilderbeek enfrentó cargos de lavado de dinero y prisión en 2004. Llanos Oil presentó una demanda, alegando una conspiración entre Ecopetrol, el gobierno colombiano y Drummond para "robar" sus derechos petroleros. La demanda fue desestimada seis meses después de ser presentada. Un testigo, Javier Ernesto Ochoa Quiñonez "El Mecánico", alegó que Van Bilderbeek ofreció dinero por falso testimonio contra Drummond.

PAX ha distorsionado los hechos sin esfuerzo por investigar la verdad sobre Drummond en Colombia o la industria del carbón en el país. A pesar de la información detallada proporcionada por Drummond a los empleados de PAX, la organización optó por ignorarla y basar su informe en las declaraciones de paramilitares condenados por masacres, cuyas afirmaciones han sido inconsistentes.

Un ejemplo destacado es la declaración de alias "El Tigre", un paramilitar condenado, quien inicialmente en sus múltiples testimonios, declaraciones juradas y versiones libres no realizó ninguna afirmación acerca de Drummond. Sin embargo, PAX eligió utilizar una versión no juramentada en donde realizaba menciones a la compañía, omitiendo aquellas bajo juramento que exoneraban a Drummond.

La confianza ciega de PAX en las "declaraciones" de personas vinculadas a los abogados representantes de víctimas que recibieron pagos durante el proceso plantea dudas sobre la integridad del informe.

Así mismo, es importante resaltar que la correspondencia cruzada entre los "declarantes" y los abogados representantes de víctimas, revela planes para entregar grandes sumas de efectivo a estos "testigos", una práctica por parte de los abogados éticamente cuestionable que afecta la credibilidad de los testigos. Estas acciones comprometen la veracidad del informe de PAX y cuestionan la validez de sus conclusiones sobre Drummond en Colombia.